El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 36-26, que modifica el régimen de gestión integral de residuos sólidos, luego de su aprobación en el Congreso Nacional. La nueva legislación entra en vigor de inmediato e introduce cambios en el esquema de contribuciones que deberán realizar las empresas para financiar la gestión de los desechos.
La normativa establece nuevas escalas de aportes según los ingresos de las empresas e incluye obligaciones para personas jurídicas que anteriormente no estaban sujetas a este tipo de contribución, como parte del fortalecimiento del sistema de manejo de residuos sólidos.
La promulgación se produce tras un proceso legislativo que generó debates entre distintos sectores sobre el impacto económico de la reforma, especialmente en el sector empresarial.
Con la entrada en vigencia de la ley, el Gobierno busca fortalecer el financiamiento de las políticas de gestión de residuos, mientras diversos sectores continúan evaluando los efectos que tendrá la nueva normativa sobre la actividad productiva y el manejo ambiental en el país.
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