La Junta Central Electoral defendió la resolución que prohíbe la publicación y difusión de encuestas y sondeos con fines electorales antes del inicio oficial de la precampaña, argumentando que la medida busca garantizar la equidad en la competencia política y el cumplimiento de la legislación electoral.
Durante una audiencia ante el Tribunal Superior Electoral, representantes de la JCE sostuvieron que la resolución fue adoptada dentro de las facultades regulatorias que le otorgan la Constitución y las leyes electorales, rechazando los cuestionamientos presentados por diversos sectores políticos y jurídicos.
El organismo electoral argumentó que la difusión de encuestas fuera de los períodos establecidos puede influir indebidamente en el electorado y fomentar campañas anticipadas, por lo que considera necesario establecer límites temporales para preservar la transparencia y la igualdad de condiciones entre los actores políticos.
La medida ha generado un amplio debate público. Mientras algunos partidos y dirigentes respaldan la decisión como un mecanismo para evitar el proselitismo prematuro, otros consideran que la restricción podría afectar la libertad de información y exceder las competencias regulatorias de la autoridad electoral.
El caso continúa siendo objeto de discusión en los tribunales y entre especialistas en derecho electoral, quienes analizan el alcance legal de la resolución y sus implicaciones para el proceso político de cara a las elecciones de 2028.
Política Dominicana 