Domínguez Brito aseguró que la reforma al Código Procesal Penal, aprobada recientemente en segunda lectura, no responde a las urgencias del sistema judicial dominicano.
Advirtió que la iniciativa no endurece la lucha contra el crimen, podría ralentizar aún más los procesos, aumentar el costo de la justicia y expandir la prisión preventiva, lo que —dijo— afectaría a los sectores más vulnerables.
Alertó también que deja espacios para impunidad, especialmente para estructuras delictivas y crimen organizado que afectan la seguridad ciudadana.
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